Durante décadas, el debate sobre el aborto ha evolucionado. En los años 80 y 90, el movimiento feminista popularizó el lema “mi cuerpo, mi decisión”, centrando la discusión en la autonomía corporal. Pero en las últimas décadas, la conversación ha crecido y se ha enriquecido con justicia, salud y derechos: argumentos clave para despenalizar el aborto. En este blog, Fernanda Díaz de León, abogada con más de 15 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, nos explica la importancia de los argumentos clave.
1. El aborto como un asunto de justicia social – argumento para despenalizar el aborto
La justicia social implica garantizar condiciones equitativas para todas las personas, independientemente de su clase, género o lugar de origen. En el caso del aborto, las leyes restrictivas afectan de manera desproporcionada a las personas con menos recursos.
Cuando interrumpir un embarazo está penalizado o restringido, quienes desean hacerlo deben recorrer largas distancias, ausentarse del trabajo, pagar transporte, hospedaje y enfrentar el procedimiento solas. Para muchas, estos obstáculos son insalvables. Así, el acceso a un aborto seguro se convierte en un privilegio, no en un derecho. Por eso es un argumento clave para despenalizar el aborto.
2. El aborto como un problema de salud pública – argumento para despenalizar el aborto
La penalización del aborto no lo elimina, solo lo vuelve más peligroso. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 4.7% y el 13.2% de las muertes maternas en el mundo son consecuencia de abortos inseguros. Además, cada año alrededor de 7 millones de mujeres en países en desarrollo son atendidas en hospitales por complicaciones relacionadas con abortos realizados en condiciones no seguras.
Estos procedimientos pueden causar desde hemorragias hasta perforaciones uterinas o infecciones graves. Los datos son claros: la criminalización pone en riesgo la vida y salud de quienes abortan. La salud pública es el segundo argumento clave para despenalizar el aborto.
3. El aborto como un derecho humano – argumento para despenalizar el aborto
Fue a principios del nuevo milenio que algunos comités de Naciones Unidas encargados de dar seguimiento al cumplimiento de los países respecto de algún tratado y los Relatores1 del mismo organismo, comenzaron a vincular el aborto y, sobre todo, la falta de acceso a servicios seguros y leyes que lo restringen, como una violación a ciertos derechos.
En el caso de México, la problemática del acceso al aborto se incluyó más allá de el aborto por violación por primera vez en las Observaciones Finales del Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, por sus siglas en inglés) en el año 2006 estableciendo que:
31. (…) El Comité pide al Estado Parte que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia (…)
En dichas Observaciones, el Comité analiza la alta tasa de muertes maternas ocasionadas por los abortos inseguros, reconociendo que, aun cuando existían causas legales para el aborto, el acceso era prácticamente imposible, por lo que recomienda al Estado tomar las medidas necesarias para garantizar su acceso.
En 2011, un experto de las Naciones Unidas que se encarga de vigilar el derecho de todas las personas a tener la mejor salud posible, escribió un informe donde explicó cómo las leyes que castigan el aborto afectan negativamente la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En ese informe, reconoció que la salud sexual y reproductiva es una parte muy importante del derecho a la salud y recomendó su despenalización.
También Comités como el de los Derechos Civiles y Políticos, el de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, De los Derechos del Niño o Contra la Tortura, han analizado el vínculo que tiene la negativa de servicios de aborto, la penalización, la criminalización y denuncia de mujeres que acuden a buscar servicios post aborto, así como los llamados tiempos de espera o acompañamiento de persona tutora de las menores en la esfera de derechos humanos de las mujeres. En este último caso, se reconoce que el pedir la autorización de padre, madre o tutor para proceder a la interrupción del embarazo muchas veces representa una barrera de acceso para las niñas y adolescentes, muchas de quienes se encuentran embarazadas a consecuencia de violencia sexual.
Lo anterior, cada vez ha ido fortaleciendo la idea de que es obligación de los estados eliminar sanciones penales para los servicios de aborto, garantizar su disponibilidad y asegurar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a servicios seguros y de calidad.
En México, este enfoque ha influido en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 2008, la SCJN abordó el tema desde la libertad que tienen los legisladores locales para definir qué conductas y los castigos a esas conductas se incluyen en sus códigos penales, sobre todo porque no hay una obligación en la constitución para considerar el aborto como un delito, pero en 2021, la discusión se centró en los derechos de las mujeres y personas gestantes, estableciendo que es obligación del Estado garantizar el acceso a servicios de aborto seguro en todo el país.
El aborto no es solo una decisión individual: es un tema atravesado por desigualdades estructurales2, por el derecho a la salud y por el reconocimiento y garantía plena de los derechos humanos. Eliminarlo de los Códigos Penales es un paso urgente hacia una sociedad más justa, donde ninguna persona sea criminalizada por tomar decisiones sobre su futuro y su reproducción. Por eso es importantísimo que estos argumentos clave para la despenalización del aborto estén en la agenda y compartir la información de que Fundación MSI provee servicios de salud sexual y reproductiva como el aborto. Fundación MSI tiene clínicas en Tijuana, Saltillo, Veracruz, Pachuca, CDMX, Oaxaca, Chiapas y Cancún, además de contar con más de 45 años de experiencia mundial.
- Un Relator o Relatora de Naciones Unidas es una persona experta que estudia la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Investiga situaciones en distintos países, escucha a las personas afectadas, reúne información y luego hace recomendaciones a los gobiernos para que respeten y mejoren los derechos de todas las personas. ↩︎
- La desigualdad estructural es cuando las reglas, costumbres y formas en que funciona una sociedad hacen que algunas personas tengan muchas más oportunidades que otras, simplemente por su género, color de piel, lugar donde nacieron o por cuánto dinero tienen sus familias. No se trata solo de que alguien trate mal a otra persona, sino de que el sistema completo (como las leyes, las escuelas, el trabajo o la atención médica) está organizado de forma que siempre beneficia a unos y perjudica a otros. Por eso, aunque una persona quiera salir adelante, muchas veces enfrenta obstáculos que no dependen de ella, sino de cómo está armado todo a su alrededor. ↩︎
